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El Niño en Perú: el reto de poner en marcha la protección social El Niño, la corriente de aire cálido que provoca lluvias intensas en la costa norte y riesgo de sequía en la sierra sur, ha puesto al Perú en alerta. Cientos de distritos ya han sido declarados en emergencia y el gobierno ha movilizado una serie de instrumentos legislativos y operativos para responder a la crisis. Desde 1980 el país ha sufrido dos eventos de gran magnitud. En 1982‑1983 la economía cayó cerca del 10 %, mientras que en 1997‑1998 los daños equivalían al 6,2 % del PIB. La situación actual combina las mismas amenazas que en 1997, con la posibilidad de que el fenómeno se intensifique antes de que el nuevo gobierno regional y municipal asuma sus funciones el 1 de enero de 2027. El marco legal que regula la respuesta social se consolidó con el Decreto Legislativo 1654 y su reglamento, que establecieron una arquitectura de protección social adaptativa para los tres niveles de gobierno. Más de 60 servicios públicos han sido adaptados y hoy es posible cruzar información social y de riesgo para identificar a la población vulnerable. En marzo, el Decreto Supremo 002‑2026‑MIDIS definió la ruta para activar entregas económicas ante emergencias de gran magnitud; esta función se incorporó posteriormente al programa Pensión 65. La pandemia mostró que los programas sociales pueden llegar a territorios donde otras capacidades del Estado tardan más en hacerlo. El Ejecutivo también ha planteado medidas en infraestructura, agricultura, pesca, vivienda y ayuda humanitaria. Sin embargo, el principal desafío no Article source: El Comercio | Image credit: El Comercio
El Niño en Perú: el reto de poner en marcha la protección social El Niño, la corriente de aire cálido que provoca lluvias intensas en la costa norte y riesgo de sequía en la sierra sur, ha puesto al Perú en alerta. Cientos de distritos ya han sido declarados en emergencia y el gobierno ha movilizado una serie de instrumentos legislativos y operativos para responder a la crisis. Desde 1980 el país ha sufrido dos eventos de gran magnitud. En 1982‑1983 la economía cayó cerca del 10 %, mientras que en 1997‑1998 los daños equivalían al 6,2 % del PIB. La situación actual combina las mismas amenazas que en 1997, con la posibilidad de que el fenómeno se intensifique antes de que el nuevo gobierno regional y municipal asuma sus funciones el 1 de enero de 2027. El marco legal que regula la respuesta social se consolidó con el Decreto Legislativo 1654 y su reglamento, que establecieron una arquitectura de protección social adaptativa para los tres niveles de gobierno. Más de 60 servicios públicos han sido adaptados y hoy es posible cruzar información social y de riesgo para identificar a la población vulnerable. En marzo, el Decreto Supremo 002‑2026‑MIDIS definió la ruta para activar entregas económicas ante emergencias de gran magnitud; esta función se incorporó posteriormente al programa Pensión 65. La pandemia mostró que los programas sociales pueden llegar a territorios donde otras capacidades del Estado tardan más en hacerlo. El Ejecutivo también ha planteado medidas en infraestructura, agricultura, pesca, vivienda y ayuda humanitaria. Sin embargo, el principal desafío no
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