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Pedro Valdera, dirigente del Frente Amplio y coordinador regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la producción de arroz en la República Dominicana ante la apertura comercial y la entrada de arroz importado. En una entrevista en el programa Mujeres en Dinámica, conducido por Niurka Rivera y la periodista Providencia Rossi, Valdera sostuvo que la reducción de los aranceles representa un desafío para el sector arrocero, debido a las diferencias tecnológicas, productivas y financieras entre el país y Estados Unidos. El dirigente explicó que los productores nacionales no cuentan con las condiciones necesarias para competir en igualdad de condiciones con los importadores estadounidenses. Señaló que la falta de políticas públicas de protección, financiamiento y asistencia técnica aumenta la incertidumbre entre los productores. Según Valdera, las consecuencias de la apertura comercial podrían sentirse a mediano plazo, cuando aumente la entrada de arroz importado al mercado dominicano. Estima que más de 30.000 productores arroceros podrían enfrentar dificultades económicas, aunque aclaró que no se trata de un efecto inmediato y que todavía no es posible calcular las pérdidas potenciales. Valdera advirtió que las repercusiones también afectarían a otros sectores vinculados con la actividad agrícola, como los comercios rurales, los transportistas y los trabajadores del campo. Según sus estimaciones, la cadena productiva del arroz está relacionada con más de 300.000 empleos directos. Por ello, consideró que una reducción de la actividad podría impulsar la migración de habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades y aumentar la presión sobre los barrios con mayores niveles de pobreza. El dirigente propuso medidas concretas para fortalecer la producción nacional, en lugar de depender únicamente de posibles cambios en las condiciones comerciales. Entre las acciones que sugirió se encuentran ampliar el acceso al financiamiento agrícola, fortalecer los seguros de cosecha, mejorar los caminos vecinales y garantizar el suministro de agua para los cultivos. También planteó la necesidad de modernizar la tecnología utilizada en el campo y ofrecer asistencia técnica a los productores, especialmente a los pequeños parceleros que constituyen una parte importante del sector. Valdera cuestionó la distribución de algunos incentivos financieros destinados al campo, argumentando que los recursos deben beneficiar a los productores que realmente los necesitan, mediante mecanismos transparentes y efectivos. Durante la entrevista, Valdera afirmó que la producción arrocera ha aumentado en los últimos diez años, gracias, entre otros factores, a iniciativas privadas. También sostuvo que el país cuenta con condiciones para explorar oportunidades de exportación, pero advirtió que garantizar la disponibilidad de arroz no equivale necesariamente a resolver los problemas de alimentación de la población. Distinguió entre satisfacer el hambre de manera temporal y asegurar una alimentación de calidad, y cuestionó que los programas de asistencia económica sustituyan las políticas destinadas a generar empleos dignos y mejorar los ingresos de las familias. El debate también abordó los resultados del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR‑CAFTA) y la capacidad de los gobiernos dominicanos para aprovechar sus beneficios. Valdera consideró que, durante las últimas dos décadas, no se han desarrollado suficientes políticas para proteger la producción nacional y preparar a los agricultores frente a la competencia internacional. Insistió en que el país necesita fortalecer su infraestructura agrícola, mejorar la productividad y garantizar condiciones más favorables para los pequeños y medianos productores. Según él, el futuro del sector arrocero no solo compromete a quienes cultivan el cereal, sino también a las comunidades rurales y a una amplia red de actividades económicas que dependen de su producción y comercialización. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
Pedro Valdera, dirigente del Frente Amplio y coordinador regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la producción de arroz en la República Dominicana ante la apertura comercial y la entrada de arroz importado. En una entrevista en el programa Mujeres en Dinámica, conducido por Niurka Rivera y la periodista Providencia Rossi, Valdera sostuvo que la reducción de los aranceles representa un desafío para el sector arrocero, debido a las diferencias tecnológicas, productivas y financieras entre el país y Estados Unidos. El dirigente explicó que los productores nacionales no cuentan con las condiciones necesarias para competir en igualdad de condiciones con los importadores estadounidenses. Señaló que la falta de políticas públicas de protección, financiamiento y asistencia técnica aumenta la incertidumbre entre los productores. Según Valdera, las consecuencias de la apertura comercial podrían sentirse a mediano plazo, cuando aumente la entrada de arroz importado al mercado dominicano. Estima que más de 30.000 productores arroceros podrían enfrentar dificultades económicas, aunque aclaró que no se trata de un efecto inmediato y que todavía no es posible calcular las pérdidas potenciales. Valdera advirtió que las repercusiones también afectarían a otros sectores vinculados con la actividad agrícola, como los comercios rurales, los transportistas y los trabajadores del campo. Según sus estimaciones, la cadena productiva del arroz está relacionada con más de 300.000 empleos directos. Por ello, consideró que una reducción de la actividad podría impulsar la migración de habitantes de las zonas rurales hacia las ciudades y aumentar la presión sobre los barrios con mayores niveles de pobreza. El dirigente propuso medidas concretas para fortalecer la producción nacional, en lugar de depender únicamente de posibles cambios en las condiciones comerciales. Entre las acciones que sugirió se encuentran ampliar el acceso al financiamiento agrícola, fortalecer los seguros de cosecha, mejorar los caminos vecinales y garantizar el suministro de agua para los cultivos. También planteó la necesidad de modernizar la tecnología utilizada en el campo y ofrecer asistencia técnica a los productores, especialmente a los pequeños parceleros que constituyen una parte importante del sector. Valdera cuestionó la distribución de algunos incentivos financieros destinados al campo, argumentando que los recursos deben beneficiar a los productores que realmente los necesitan, mediante mecanismos transparentes y efectivos. Durante la entrevista, Valdera afirmó que la producción arrocera ha aumentado en los últimos diez años, gracias, entre otros factores, a iniciativas privadas. También sostuvo que el país cuenta con condiciones para explorar oportunidades de exportación, pero advirtió que garantizar la disponibilidad de arroz no equivale necesariamente a resolver los problemas de alimentación de la población. Distinguió entre satisfacer el hambre de manera temporal y asegurar una alimentación de calidad, y cuestionó que los programas de asistencia económica sustituyan las políticas destinadas a generar empleos dignos y mejorar los ingresos de las familias. El debate también abordó los resultados del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR‑CAFTA) y la capacidad de los gobiernos dominicanos para aprovechar sus beneficios. Valdera consideró que, durante las últimas dos décadas, no se han desarrollado suficientes políticas para proteger la producción nacional y preparar a los agricultores frente a la competencia internacional. Insistió en que el país necesita fortalecer su infraestructura agrícola, mejorar la productividad y garantizar condiciones más favorables para los pequeños y medianos productores. Según él, el futuro del sector arrocero no solo compromete a quienes cultivan el cereal, sino también a las comunidades rurales y a una amplia red de actividades económicas que dependen de su producción y comercialización.
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