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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez, acusadas de integrar una red dedicada al tráfico de menores desde la República Dominicana hacia Tórtola y Dominica. El tribunal, presidido por el juez Leomar Cruz Quezada, declaró el caso como de tramitación compleja. Las dos imputadas deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal. Por su parte, una tercera implicada, identificada como Yaribel Cristina Esquea, recibió una medida de garantía económica de 50,000 pesos dominicanos a través de una aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. El caso fue expuesto por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez. Según la investigación, el hecho fue detectado el 8 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, cuando Pimentel intentó abordar un vuelo hacia Tórtola con dos menores de 14 y 16 años. Durante el control migratorio, un inspector detectó que uno de los permisos de salida presentados era falso. El expediente detalla que, al ser interrogada, Pimentel admitió no conocer a las menores, quienes solo hablaban creole a pesar de portar pasaportes que las identificaban como ciudadanas dominicanas. Las autoridades determinaron que los documentos de viaje fueron expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, utilizando registros de nacimiento de adolescentes dominicanas residentes en Villa Mella. La acusación sostiene que Esquea habría aceptado una compensación económica para facilitar los datos de sus hijas, permitiendo que otras menores utilizaran sus identidades para obtener documentos de viaje y salir del país. Asimismo, se señala a Rosario Rodríguez como la persona que habría ofrecido el pago a Esquea para concretar la salida de una de las víctimas. Actualmente, las tres adolescentes involucradas se encuentran bajo el cuidado y protección de las autoridades. La investigación, que continúa en curso, es desarrollada de manera conjunta por la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional. Las imputadas mantienen la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva. Article source: De Ultimo Minuto | Image credit: De Ultimo Minuto
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez, acusadas de integrar una red dedicada al tráfico de menores desde la República Dominicana hacia Tórtola y Dominica. El tribunal, presidido por el juez Leomar Cruz Quezada, declaró el caso como de tramitación compleja. Las dos imputadas deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal. Por su parte, una tercera implicada, identificada como Yaribel Cristina Esquea, recibió una medida de garantía económica de 50,000 pesos dominicanos a través de una aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. El caso fue expuesto por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez. Según la investigación, el hecho fue detectado el 8 de octubre de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, cuando Pimentel intentó abordar un vuelo hacia Tórtola con dos menores de 14 y 16 años. Durante el control migratorio, un inspector detectó que uno de los permisos de salida presentados era falso. El expediente detalla que, al ser interrogada, Pimentel admitió no conocer a las menores, quienes solo hablaban creole a pesar de portar pasaportes que las identificaban como ciudadanas dominicanas. Las autoridades determinaron que los documentos de viaje fueron expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, utilizando registros de nacimiento de adolescentes dominicanas residentes en Villa Mella. La acusación sostiene que Esquea habría aceptado una compensación económica para facilitar los datos de sus hijas, permitiendo que otras menores utilizaran sus identidades para obtener documentos de viaje y salir del país. Asimismo, se señala a Rosario Rodríguez como la persona que habría ofrecido el pago a Esquea para concretar la salida de una de las víctimas. Actualmente, las tres adolescentes involucradas se encuentran bajo el cuidado y protección de las autoridades. La investigación, que continúa en curso, es desarrollada de manera conjunta por la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional. Las imputadas mantienen la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.
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