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Main Points
El fenómeno conocido como «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como una práctica que, según analistas y gremios periodísticos, desvirtúa el ejercicio de la comunicación. Esta actividad, ejecutada por diversos actores que incluyen desde comunicadores empíricos hasta plataformas digitales, consiste en el uso de la difamación y la presión pública para extorsionar a empresarios, funcionarios y figuras políticas a cambio de beneficios económicos, contratos o pautas publicitarias. De acuerdo con líderes de opinión, este esquema opera mediante una estructura organizada que inicia con la fabricación de campañas de descrédito o rumores contra una persona o institución. Posteriormente, los operadores ofrecen detener los ataques a cambio de acuerdos económicos o contratos de asesoría. Este modelo se ha visto facilitado por el auge de las redes sociales y programas independientes, donde individuos sin formación periodística asumen roles de fiscalización para ejercer presiones ilegítimas. El impacto de esta práctica, según advierten diarios y organizaciones gremiales, afecta la seguridad jurídica y económica del país. Sectores como el desarrollo hotelero e inmobiliario, particularmente en zonas como Punta Cana-Bávaro, han reportado persecuciones mediáticas destinadas a frenar inversiones. Asimismo, se señala que este ecosistema erosiona la credibilidad de los medios de comunicación legítimos y causa daños reputacionales permanentes a las víctimas. Para combatir este fenómeno sin recurrir a la censura, expertos y organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) proponen una estrategia integral. Entre las medidas sugeridas destaca la modernización del marco legal, específicamente la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, para adaptarla a la era digital. Se propone diferenciar la crítica periodística legítima de la extorsión, sugiriendo la despenalización de la difamación ordinaria a cambio de sanciones civiles severas que hagan financieramente inviable el chantaje. En el ámbito penal, los juristas sugieren tipificar el «chantaje extorsivo» como un delito ordinario de coacción, enfocado en el acto de solicitar beneficios económicos a cambio de retirar información, en lugar de penalizar la publicación de denuncias en sí misma. Adicionalmente, se plantea la necesidad de una «asfixia financiera» mediante la depuración de la pauta publicitaria estatal y privada, evitando que los recursos se destinen a plataformas dedicadas a la difamación. Por su parte, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han sido instados a fortalecer sus tribunales disciplinarios para sancionar a los miembros que violen el código de ética. Finalmente, se enfatiza la importancia de la alfabetización mediática para que la ciudadanía aprenda a verificar fuentes y reporte las cuentas que incurran en acoso y extorsión. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
El fenómeno conocido como «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como una práctica que, según analistas y gremios periodísticos, desvirtúa el ejercicio de la comunicación. Esta actividad, ejecutada por diversos actores que incluyen desde comunicadores empíricos hasta plataformas digitales, consiste en el uso de la difamación y la presión pública para extorsionar a empresarios, funcionarios y figuras políticas a cambio de beneficios económicos, contratos o pautas publicitarias. De acuerdo con líderes de opinión, este esquema opera mediante una estructura organizada que inicia con la fabricación de campañas de descrédito o rumores contra una persona o institución. Posteriormente, los operadores ofrecen detener los ataques a cambio de acuerdos económicos o contratos de asesoría. Este modelo se ha visto facilitado por el auge de las redes sociales y programas independientes, donde individuos sin formación periodística asumen roles de fiscalización para ejercer presiones ilegítimas. El impacto de esta práctica, según advierten diarios y organizaciones gremiales, afecta la seguridad jurídica y económica del país. Sectores como el desarrollo hotelero e inmobiliario, particularmente en zonas como Punta Cana-Bávaro, han reportado persecuciones mediáticas destinadas a frenar inversiones. Asimismo, se señala que este ecosistema erosiona la credibilidad de los medios de comunicación legítimos y causa daños reputacionales permanentes a las víctimas. Para combatir este fenómeno sin recurrir a la censura, expertos y organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) proponen una estrategia integral. Entre las medidas sugeridas destaca la modernización del marco legal, específicamente la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, para adaptarla a la era digital. Se propone diferenciar la crítica periodística legítima de la extorsión, sugiriendo la despenalización de la difamación ordinaria a cambio de sanciones civiles severas que hagan financieramente inviable el chantaje. En el ámbito penal, los juristas sugieren tipificar el «chantaje extorsivo» como un delito ordinario de coacción, enfocado en el acto de solicitar beneficios económicos a cambio de retirar información, en lugar de penalizar la publicación de denuncias en sí misma. Adicionalmente, se plantea la necesidad de una «asfixia financiera» mediante la depuración de la pauta publicitaria estatal y privada, evitando que los recursos se destinen a plataformas dedicadas a la difamación. Por su parte, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) han sido instados a fortalecer sus tribunales disciplinarios para sancionar a los miembros que violen el código de ética. Finalmente, se enfatiza la importancia de la alfabetización mediática para que la ciudadanía aprenda a verificar fuentes y reporte las cuentas que incurran en acoso y extorsión.
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