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El Nuevo Diario, Santo Domingo – La comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri criticó el concepto de seguridad jurídica que se aplica a las empresas mineras en la República Dominicana, señalando que en ocasiones el Estado termina asumiendo los costos y riesgos derivados de sus operaciones. Larrauri hizo referencia a los pasivos ambientales y a las presas de relaves vinculadas a la antigua mina Rosario, indicando que el Estado ha tenido que intervenir para enfrentar los riesgos y costos asociados a esas situaciones. “El Estado ha tenido que asumir los costos y riesgos derivados de las operaciones mineras en algunos casos”, afirmó. En cuanto a la minería internacional, la ambientalista explicó que la instalación de un laboratorio en la Dirección General de Aduanas se produjo tras sospechas sobre los materiales que exportaba Barrick Gold. “Las denuncias de los supuestos 25 embarques de Barrick Gold fueron lo que determinó que se pusiera o que se instalara ese laboratorio”, dijo. Según Larrauri, la decisión estuvo vinculada a las denuncias sobre 25 embarques de la minera, cuyos representantes alegaban que los materiales procedían de Estados Unidos. La intervención estatal dio lugar a mecanismos para determinar qué metales salían del país y en qué cantidades, lo que posteriormente condujo a la firma de un contrato especial. La comunicadora también mencionó a una empresa china identificada como Condomenco, a la que atribuyó la extracción de tierras raras bajo la denominación de bauxitas. “Existían sospechas sobre las relaciones entre ciudadanos venezolanos y chinos vinculados a esas operaciones”, señaló. Otro tema abordado fue la situación de las provincias mineras respecto al cinco por ciento que les corresponde. Larrauri indicó que el Estado plantea dificultades para cumplir con esa entrega, mientras debe enfrentar otros compromisos relacionados con las inversiones de las compañías. “En el caso de GoldQuest, si no se lleva a cabo este proyecto minero, tendremos que pagarle lo que ellos invirtieron y lo que pensaban que iban a ganar”, manifestó. A partir de estos casos, Larrauri concluyó que las garantías que se ofrecen a las empresas mineras deben analizarse también desde las responsabilidades que estas asumen y los costos que podrían quedar a cargo del Estado. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
El Nuevo Diario, Santo Domingo – La comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri criticó el concepto de seguridad jurídica que se aplica a las empresas mineras en la República Dominicana, señalando que en ocasiones el Estado termina asumiendo los costos y riesgos derivados de sus operaciones. Larrauri hizo referencia a los pasivos ambientales y a las presas de relaves vinculadas a la antigua mina Rosario, indicando que el Estado ha tenido que intervenir para enfrentar los riesgos y costos asociados a esas situaciones. “El Estado ha tenido que asumir los costos y riesgos derivados de las operaciones mineras en algunos casos”, afirmó. En cuanto a la minería internacional, la ambientalista explicó que la instalación de un laboratorio en la Dirección General de Aduanas se produjo tras sospechas sobre los materiales que exportaba Barrick Gold. “Las denuncias de los supuestos 25 embarques de Barrick Gold fueron lo que determinó que se pusiera o que se instalara ese laboratorio”, dijo. Según Larrauri, la decisión estuvo vinculada a las denuncias sobre 25 embarques de la minera, cuyos representantes alegaban que los materiales procedían de Estados Unidos. La intervención estatal dio lugar a mecanismos para determinar qué metales salían del país y en qué cantidades, lo que posteriormente condujo a la firma de un contrato especial. La comunicadora también mencionó a una empresa china identificada como Condomenco, a la que atribuyó la extracción de tierras raras bajo la denominación de bauxitas. “Existían sospechas sobre las relaciones entre ciudadanos venezolanos y chinos vinculados a esas operaciones”, señaló. Otro tema abordado fue la situación de las provincias mineras respecto al cinco por ciento que les corresponde. Larrauri indicó que el Estado plantea dificultades para cumplir con esa entrega, mientras debe enfrentar otros compromisos relacionados con las inversiones de las compañías. “En el caso de GoldQuest, si no se lleva a cabo este proyecto minero, tendremos que pagarle lo que ellos invirtieron y lo que pensaban que iban a ganar”, manifestó. A partir de estos casos, Larrauri concluyó que las garantías que se ofrecen a las empresas mineras deben analizarse también desde las responsabilidades que estas asumen y los costos que podrían quedar a cargo del Estado.
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