Política
Reunión de gabinete
El presidente Javier Milei sale al balcón a saludar
Foto Guillermo Rodriguez Adami
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Main Points
Un inversor del criptoactivo $LIBRA, quien había sido apartado como querellante en la causa judicial, presentó una apelación para evitar el cierre de la investigación que busca determinar si existió una estafa en el lanzamiento del token promocionado por el presidente Javier Milei. La presentación fue realizada por el inversor Juan Patricio Marchetto, bajo el patrocinio legal del dirigente social Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. El recurso busca revertir la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, dictó el sobreseimiento de Javier Milei, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve involucrados, entre ellos los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el empresario estadounidense Hayden Davis. En su escrito, los abogados cuestionaron duramente la actuación del fiscal Taiano, argumentando que la investigación fue cerrada de manera prematura sin haber agotado las medidas de prueba necesarias. Sostuvieron que, ante la falta de certezas, el tribunal debió dictar la falta de mérito o profundizar la instrucción en lugar de desestimar la existencia de un delito. La defensa de Marchetto señaló que la investigación permitió reconstruir una serie de eventos previos y posteriores al lanzamiento del token que, a su juicio, justificaban la citación a declaración indagatoria de los imputados. Asimismo, cuestionaron que el fiscal atribuyera las pérdidas de los inversores exclusivamente a la volatilidad del mercado, sin considerar la posible existencia de información privilegiada. En este sentido, el escrito pone el foco en 87 operaciones de compra por 13,5 millones de dólares realizadas desde 74 billeteras digitales segundos antes de que el presidente Milei publicara un mensaje sobre el activo en redes sociales. Los letrados también denunciaron que quedaron medidas de prueba pendientes, como peritajes sobre dispositivos de los imputados Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, y la falta de citación de testigos clave, entre ellos organizadores de eventos tecnológicos y colaboradores cercanos a Hayden Davis. Por otro lado, el escrito invoca como jurisprudencia la reapertura de la causa conocida como la "Ruta del Dinero K" contra la expresidenta Cristina Kirchner, argumentando que, al igual que en aquel caso, se investigan presuntos hechos de corrupción que afectan el interés público. Los abogados sostienen que se habría violado la Ley de Ética Pública, al considerar que funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer intereses privados. Esta postura se contrapone a la del fiscal Taiano, quien, basándose en un informe de la Oficina Anticorrupción, consideró que Milei no incurrió en irregularidades al promocionar el activo en su carácter de ciudadano y no como funcionario público, sin utilizar recursos del Estado. Tras haber sido desplazados como querellantes el pasado 3 de julio, los abogados de Marchetto y otro grupo de inversores representados por el abogado Nicolás Oszust buscan ahora que la Cámara Federal de Casación revise la decisión de cerrar el expediente, manteniendo su pretensión de continuar como parte activa en el proceso judicial. Article source: Clarin Digital | Image credit: Clarin Digital
Un inversor del criptoactivo $LIBRA, quien había sido apartado como querellante en la causa judicial, presentó una apelación para evitar el cierre de la investigación que busca determinar si existió una estafa en el lanzamiento del token promocionado por el presidente Javier Milei. La presentación fue realizada por el inversor Juan Patricio Marchetto, bajo el patrocinio legal del dirigente social Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. El recurso busca revertir la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, dictó el sobreseimiento de Javier Milei, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve involucrados, entre ellos los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el empresario estadounidense Hayden Davis. En su escrito, los abogados cuestionaron duramente la actuación del fiscal Taiano, argumentando que la investigación fue cerrada de manera prematura sin haber agotado las medidas de prueba necesarias. Sostuvieron que, ante la falta de certezas, el tribunal debió dictar la falta de mérito o profundizar la instrucción en lugar de desestimar la existencia de un delito. La defensa de Marchetto señaló que la investigación permitió reconstruir una serie de eventos previos y posteriores al lanzamiento del token que, a su juicio, justificaban la citación a declaración indagatoria de los imputados. Asimismo, cuestionaron que el fiscal atribuyera las pérdidas de los inversores exclusivamente a la volatilidad del mercado, sin considerar la posible existencia de información privilegiada. En este sentido, el escrito pone el foco en 87 operaciones de compra por 13,5 millones de dólares realizadas desde 74 billeteras digitales segundos antes de que el presidente Milei publicara un mensaje sobre el activo en redes sociales. Los letrados también denunciaron que quedaron medidas de prueba pendientes, como peritajes sobre dispositivos de los imputados Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, y la falta de citación de testigos clave, entre ellos organizadores de eventos tecnológicos y colaboradores cercanos a Hayden Davis. Por otro lado, el escrito invoca como jurisprudencia la reapertura de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K” contra la expresidenta Cristina Kirchner, argumentando que, al igual que en aquel caso, se investigan presuntos hechos de corrupción que afectan el interés público. Los abogados sostienen que se habría violado la Ley de Ética Pública, al considerar que funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer intereses privados. Esta postura se contrapone a la del fiscal Taiano, quien, basándose en un informe de la Oficina Anticorrupción, consideró que Milei no incurrió en irregularidades al promocionar el activo en su carácter de ciudadano y no como funcionario público, sin utilizar recursos del Estado. Tras haber sido desplazados como querellantes el pasado 3 de julio, los abogados de Marchetto y otro grupo de inversores representados por el abogado Nicolás Oszust buscan ahora que la Cámara Federal de Casación revise la decisión de cerrar el expediente, manteniendo su pretensión de continuar como parte activa en el proceso judicial.
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