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LIMA, Perú – Mujeres que denuncian haber sido víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) han expresado su rechazo ante el archivo de la investigación fiscal de sus casos. La decisión judicial se fundamenta en la aplicación de la Ley 32107, una normativa reciente que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de julio de 2002. En una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las afectadas y sus representantes legales anunciaron que elevarán el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos para intentar reabrir el proceso. Dionicia Calderón, una de las denunciantes originaria de Ayacucho, calificó la noticia como un golpe devastador para las 4.172 personas incluidas en el expediente. El caso se centra en las intervenciones quirúrgicas, como ligaduras de trompas y vasectomías, realizadas bajo el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000. Entre los investigados figuraban el fallecido expresidente Alberto Fujimori y varios exministros de su gestión, incluido el actual senador Alejandro Aguinaga. Tania Pariona, directora ejecutiva de la CNDDHH, cuestionó la validez de la Ley 32107, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, argumentando que la medida contraviene los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según la organización, existían elementos suficientes para continuar las investigaciones contra 52 personas vinculadas a la implementación de dichas políticas. Las víctimas relataron durante la rueda de prensa las condiciones en las que fueron sometidas a los procedimientos, asegurando que muchas fueron operadas sin consentimiento informado, bajo coacción y en condiciones precarias. Algunas denunciantes afirmaron que, tras las intervenciones, no recibieron atención médica adecuada, lo que derivó en complicaciones de salud y, en ciertos casos, fallecimientos. Maribel Meza, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano, de Cusco, exigió la anulación de la ley que impide el acceso a la justicia y la reparación. Por su parte, Ricardina Urbina, otra de las afectadas, denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado peruano no ha garantizado justicia ni medidas de reparación para las mujeres intervenidas. Este archivo ocurre poco después de que, el año pasado, la Corte IDH condenara al Estado peruano por el caso de Celia Ramos Durand, quien falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización en el marco del programa estatal. En aquella sentencia, el tribunal internacional reconoció la existencia de prácticas sistemáticas de coacción y falta de consentimiento válido en las intervenciones realizadas durante ese periodo. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
LIMA, Perú – Mujeres que denuncian haber sido víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) han expresado su rechazo ante el archivo de la investigación fiscal de sus casos. La decisión judicial se fundamenta en la aplicación de la Ley 32107, una normativa reciente que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de julio de 2002. En una conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las afectadas y sus representantes legales anunciaron que elevarán el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos para intentar reabrir el proceso. Dionicia Calderón, una de las denunciantes originaria de Ayacucho, calificó la noticia como un golpe devastador para las 4.172 personas incluidas en el expediente. El caso se centra en las intervenciones quirúrgicas, como ligaduras de trompas y vasectomías, realizadas bajo el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000. Entre los investigados figuraban el fallecido expresidente Alberto Fujimori y varios exministros de su gestión, incluido el actual senador Alejandro Aguinaga. Tania Pariona, directora ejecutiva de la CNDDHH, cuestionó la validez de la Ley 32107, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, argumentando que la medida contraviene los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según la organización, existían elementos suficientes para continuar las investigaciones contra 52 personas vinculadas a la implementación de dichas políticas. Las víctimas relataron durante la rueda de prensa las condiciones en las que fueron sometidas a los procedimientos, asegurando que muchas fueron operadas sin consentimiento informado, bajo coacción y en condiciones precarias. Algunas denunciantes afirmaron que, tras las intervenciones, no recibieron atención médica adecuada, lo que derivó en complicaciones de salud y, en ciertos casos, fallecimientos. Maribel Meza, representante de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Flor de Jano, de Cusco, exigió la anulación de la ley que impide el acceso a la justicia y la reparación. Por su parte, Ricardina Urbina, otra de las afectadas, denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, el Estado peruano no ha garantizado justicia ni medidas de reparación para las mujeres intervenidas. Este archivo ocurre poco después de que, el año pasado, la Corte IDH condenara al Estado peruano por el caso de Celia Ramos Durand, quien falleció en 1997 tras ser sometida a una esterilización en el marco del programa estatal. En aquella sentencia, el tribunal internacional reconoció la existencia de prácticas sistemáticas de coacción y falta de consentimiento válido en las intervenciones realizadas durante ese periodo.
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