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El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra tres imputados vinculados a una presunta red de estafa que habría desfalcado más de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). El magistrado Julio Aybar rechazó las solicitudes de cese de prisión presentadas por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra. El tribunal determinó que el plazo razonable de la medida aún se mantiene y subrayó que el cese de la prisión preventiva no es automático, sino que requiere una evaluación integral de los elementos del proceso. Entre los factores considerados por el juez destacaron la gravedad de los hechos imputados, la magnitud de las posibles penas y la reiteración de argumentos que ya habían sido desestimados en instancias judiciales previas. Como resultado de esta decisión, Gabriel Santana Borsilea permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra continuarán en el CCR-XVII de Najayo, en San Cristóbal. El Ministerio Público ha programado el inicio del juicio de fondo para el 20 de noviembre de 2026. Según el expediente acusatorio, la presunta estructura delictiva afectó a 366 personas mediante maniobras fraudulentas, tales como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos para desviar los fondos de los ahorrantes. La investigación, denominada "Operación Búho", fue ejecutada el 4 de octubre de 2023 tras meses de pesquisas lideradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. El caso se sustenta en pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Durante el operativo inicial, las autoridades incautaron diversos bienes, entre ellos inmuebles, embarcaciones y vehículos vinculados a los procesados. Article source: De Ultimo Minuto | Image credit: De Ultimo Minuto
El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra tres imputados vinculados a una presunta red de estafa que habría desfalcado más de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). El magistrado Julio Aybar rechazó las solicitudes de cese de prisión presentadas por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra. El tribunal determinó que el plazo razonable de la medida aún se mantiene y subrayó que el cese de la prisión preventiva no es automático, sino que requiere una evaluación integral de los elementos del proceso. Entre los factores considerados por el juez destacaron la gravedad de los hechos imputados, la magnitud de las posibles penas y la reiteración de argumentos que ya habían sido desestimados en instancias judiciales previas. Como resultado de esta decisión, Gabriel Santana Borsilea permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra continuarán en el CCR-XVII de Najayo, en San Cristóbal. El Ministerio Público ha programado el inicio del juicio de fondo para el 20 de noviembre de 2026. Según el expediente acusatorio, la presunta estructura delictiva afectó a 366 personas mediante maniobras fraudulentas, tales como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos para desviar los fondos de los ahorrantes. La investigación, denominada “Operación Búho”, fue ejecutada el 4 de octubre de 2023 tras meses de pesquisas lideradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. El caso se sustenta en pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Durante el operativo inicial, las autoridades incautaron diversos bienes, entre ellos inmuebles, embarcaciones y vehículos vinculados a los procesados.
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