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Main Points
La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los desafíos económicos y sociales más complejos del siglo XXI. A pesar de los avances globales, millones de personas carecen de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, lo que obliga a una revisión crítica de las políticas públicas, el funcionamiento de los mercados y las estrategias de cooperación internacional. En su obra The Aid Trap: Hard Truths About Ending Poverty (2009), los autores Glen Hubbard y William Duggan sostienen que la ayuda externa, cuando sustituye la iniciativa productiva o alimenta estructuras burocráticas ineficientes, puede perpetuar la dependencia en lugar de fomentar el desarrollo. Los autores argumentan que las transferencias de recursos, por sí solas, no garantizan un crecimiento sostenible si no se traducen en inversiones que amplíen las capacidades económicas de la población. Si bien esta crítica no invalida la importancia de la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, subraya la necesidad de que la asistencia sea transparente, evaluable y orientada a reducir la dependencia a largo plazo. La propuesta de Hubbard y Duggan enfatiza el papel del sector privado y el emprendimiento como motores de cambio. Desde esta perspectiva, la solución a la pobreza radica en la creación de empleos estables y productivos. No obstante, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no garantiza por sí solo la reducción de la pobreza si no se acompaña de políticas que aseguren salarios dignos, competencia efectiva y acceso a servicios públicos de calidad. El microcrédito, aunque es una herramienta útil, requiere ser complementado con capacitación técnica, infraestructura y acceso a mercados para evitar el sobreendeudamiento de las familias vulnerables. En el caso de la República Dominicana, el país ha experimentado una expansión sostenida en sectores como el turismo, las zonas francas y los servicios financieros. Según datos del Ministerio de Hacienda y Economía, la tasa de pobreza monetaria general descendió del 19.0 % en 2024 al 17.3 % en 2025, permitiendo que 172,346 personas superaran dicha línea. Por su parte, la pobreza extrema se situó en un 2.2 % en 2025. A pesar de estas cifras, persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, la desigualdad territorial y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que, en 2024, la pobreza por ingresos afectó al 25.5 % de la población latinoamericana, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 9.8 %, lo que representa a unos 62 millones de personas. Aunque se han registrado reducciones significativas, impulsadas en gran medida por los resultados en países como México y Brasil, la incidencia de la pobreza extrema en la región permanece por encima de los niveles observados en 2014. La conclusión central es que la pobreza extrema no desaparecerá mediante un único programa de asistencia. Su reducción sostenible requiere una economía capaz de generar empleos productivos y empresas competitivas, respaldada por instituciones transparentes y servicios públicos de calidad. Para la República Dominicana y el resto de la región, el desafío consiste en transformar el crecimiento económico en bienestar compartido, convirtiendo la asistencia social en un instrumento para ampliar capacidades y reducir las causas estructurales de la pobreza, permitiendo que cada ciudadano acceda a condiciones reales para una vida digna. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los desafíos económicos y sociales más complejos del siglo XXI. A pesar de los avances globales, millones de personas carecen de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, lo que obliga a una revisión crítica de las políticas públicas, el funcionamiento de los mercados y las estrategias de cooperación internacional. En su obra The Aid Trap: Hard Truths About Ending Poverty (2009), los autores Glen Hubbard y William Duggan sostienen que la ayuda externa, cuando sustituye la iniciativa productiva o alimenta estructuras burocráticas ineficientes, puede perpetuar la dependencia en lugar de fomentar el desarrollo. Los autores argumentan que las transferencias de recursos, por sí solas, no garantizan un crecimiento sostenible si no se traducen en inversiones que amplíen las capacidades económicas de la población. Si bien esta crítica no invalida la importancia de la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, subraya la necesidad de que la asistencia sea transparente, evaluable y orientada a reducir la dependencia a largo plazo. La propuesta de Hubbard y Duggan enfatiza el papel del sector privado y el emprendimiento como motores de cambio. Desde esta perspectiva, la solución a la pobreza radica en la creación de empleos estables y productivos. No obstante, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no garantiza por sí solo la reducción de la pobreza si no se acompaña de políticas que aseguren salarios dignos, competencia efectiva y acceso a servicios públicos de calidad. El microcrédito, aunque es una herramienta útil, requiere ser complementado con capacitación técnica, infraestructura y acceso a mercados para evitar el sobreendeudamiento de las familias vulnerables. En el caso de la República Dominicana, el país ha experimentado una expansión sostenida en sectores como el turismo, las zonas francas y los servicios financieros. Según datos del Ministerio de Hacienda y Economía, la tasa de pobreza monetaria general descendió del 19.0 % en 2024 al 17.3 % en 2025, permitiendo que 172,346 personas superaran dicha línea. Por su parte, la pobreza extrema se situó en un 2.2 % en 2025. A pesar de estas cifras, persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, la desigualdad territorial y el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que, en 2024, la pobreza por ingresos afectó al 25.5 % de la población latinoamericana, mientras que la pobreza extrema alcanzó al 9.8 %, lo que representa a unos 62 millones de personas. Aunque se han registrado reducciones significativas, impulsadas en gran medida por los resultados en países como México y Brasil, la incidencia de la pobreza extrema en la región permanece por encima de los niveles observados en 2014. La conclusión central es que la pobreza extrema no desaparecerá mediante un único programa de asistencia. Su reducción sostenible requiere una economía capaz de generar empleos productivos y empresas competitivas, respaldada por instituciones transparentes y servicios públicos de calidad. Para la República Dominicana y el resto de la región, el desafío consiste en transformar el crecimiento económico en bienestar compartido, convirtiendo la asistencia social en un instrumento para ampliar capacidades y reducir las causas estructurales de la pobreza, permitiendo que cada ciudadano acceda a condiciones reales para una vida digna.
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