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Madrid, 6 de noviembre de 2026. El Gobierno de la República Dominicana enfrenta críticas por la falta de coordinación en su política de inversión pública, tras la presentación de dos iniciativas legislativas que proponen marcos regulatorios distintos para proyectos de infraestructura de naturaleza similar. El 27 de agosto de 2026, el Poder Ejecutivo sometió al Senado una reforma a la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de optimizar la preparación y contratación de proyectos. Sin embargo, el 29 de octubre, el mismo Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley para crear un régimen independiente de concesiones de bienes, servicios y obras públicas. Carlos Sully Bonnelly Ginebra, consultor en economía del transporte y autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos, advirtió que esta duplicidad legislativa podría fragmentar la inversión pública. Según el experto, la existencia de dos vías contractuales para proyectos con características equivalentes incentiva la elección de procedimientos basados en la comodidad administrativa o la menor exigencia de controles, en lugar de criterios de conveniencia económica. La propuesta de una nueva Ley de Concesiones contempla la creación de una estructura institucional propia, que incluye un Consejo Nacional de Concesiones y una Dirección Técnica de Concesiones bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta estructura operaría de forma paralela a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), lo que, a juicio de Bonnelly, genera una dispersión de responsabilidades y una posible duplicidad de funciones. El análisis señala que la fragmentación del marco regulatorio ya es una realidad en el país, citando el uso de fideicomisos públicos como FITRAM y RD Vial, los cuales operan bajo la Ley 28-23 y gestionan proyectos de infraestructura fuera del régimen especializado de la Ley 47-20. El experto advierte que esta dispersión dificulta la evaluación integral de los riesgos fiscales y la rentabilidad socioeconómica de las obras. Como alternativa, Bonnelly propone simplificar el marco actual mediante la incorporación de procedimientos ágiles dentro de la propia Ley de APP para concesiones autofinanciables, siguiendo modelos implementados en países como Colombia y Perú. Esta solución permitiría reducir plazos y trámites sin necesidad de crear nuevos organismos ni debilitar los controles de transparencia y fiscalidad. El consultor concluyó que el Senado tiene la responsabilidad de exigir una política de inversión coherente, integrando las concesiones en un marco especializado que garantice criterios comunes de evaluación, independientemente del vehículo jurídico utilizado para la contratación. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
Madrid, 6 de noviembre de 2026. El Gobierno de la República Dominicana enfrenta críticas por la falta de coordinación en su política de inversión pública, tras la presentación de dos iniciativas legislativas que proponen marcos regulatorios distintos para proyectos de infraestructura de naturaleza similar. El 27 de agosto de 2026, el Poder Ejecutivo sometió al Senado una reforma a la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de optimizar la preparación y contratación de proyectos. Sin embargo, el 29 de octubre, el mismo Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley para crear un régimen independiente de concesiones de bienes, servicios y obras públicas. Carlos Sully Bonnelly Ginebra, consultor en economía del transporte y autor del Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos, advirtió que esta duplicidad legislativa podría fragmentar la inversión pública. Según el experto, la existencia de dos vías contractuales para proyectos con características equivalentes incentiva la elección de procedimientos basados en la comodidad administrativa o la menor exigencia de controles, en lugar de criterios de conveniencia económica. La propuesta de una nueva Ley de Concesiones contempla la creación de una estructura institucional propia, que incluye un Consejo Nacional de Concesiones y una Dirección Técnica de Concesiones bajo la rectoría de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta estructura operaría de forma paralela a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), lo que, a juicio de Bonnelly, genera una dispersión de responsabilidades y una posible duplicidad de funciones. El análisis señala que la fragmentación del marco regulatorio ya es una realidad en el país, citando el uso de fideicomisos públicos como FITRAM y RD Vial, los cuales operan bajo la Ley 28-23 y gestionan proyectos de infraestructura fuera del régimen especializado de la Ley 47-20. El experto advierte que esta dispersión dificulta la evaluación integral de los riesgos fiscales y la rentabilidad socioeconómica de las obras. Como alternativa, Bonnelly propone simplificar el marco actual mediante la incorporación de procedimientos ágiles dentro de la propia Ley de APP para concesiones autofinanciables, siguiendo modelos implementados en países como Colombia y Perú. Esta solución permitiría reducir plazos y trámites sin necesidad de crear nuevos organismos ni debilitar los controles de transparencia y fiscalidad. El consultor concluyó que el Senado tiene la responsabilidad de exigir una política de inversión coherente, integrando las concesiones en un marco especializado que garantice criterios comunes de evaluación, independientemente del vehículo jurídico utilizado para la contratación.
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