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El 26 de abril de 2026 el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley SB‑1134, que prohíbe a los condados crear, mantener o financiar oficinas, cargos o programas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Los comisionados del condado de León, que incluye la capital Tallahassee, han expresado dudas sobre la aplicación de la norma. En octubre del año anterior aprobaron un fondo de 68.000 dólares para el Consejo sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Niña del condado. La financiación vence el 31 de diciembre, un día antes de que entre en vigor la ley SB‑1134. El Consejo, un órgano asesor que durante años ha investigado temas como la pobreza derivada de la falta de pañales y productos de higiene menstrual, podría verse obligado a suspender sus actividades si se considera que están vinculadas a DEI. El comisionado Bill Proctor, citado por el canal WTXL, calificó la ley como un “retroceso en el tiempo” y afirmó que “carece de medidas específicas sobre lo que es anti‑DEI”. Según Proctor, la normativa es demasiado amplia y obliga a las organizaciones a cambiar su lenguaje, abandonar nombres históricos y adoptar una identificación “muy aséptica e insípida”. La ley exige que las administraciones locales certifiquen que los fondos públicos no se usarán para actividades DEI, lo que afectaría al programa del condado debido al historial del Consejo. Hace unos meses, los comisionados de León debatieron una propuesta de “reparación histórica” que había sido modificada para evitar conflictos con SB‑1134. La medida, que buscaba realizar un estudio de daños históricos y recibir compensación por la esclavitud y la discriminación racial, solicitaba 16,8 millones de dólares en subvenciones estatales. En abril, la Comisión consideró enmendar la solicitud para que no infringiera la nueva ley. El fiscal del condado revisó la enmienda y eliminó referencias a reparaciones, esclavitud, inclusión, diversidad y equidad. La versión original requería que el condado realizara estudios de impacto y creara un fondo de restauración comunitaria para apoyar programas dirigidos a personas cuyos antepasados fueron esclavos o se vieron afectados por las leyes de Jim Crow y otras políticas. La enmienda a la Carta del condado, titulada Daños Históricos, identificaba injusticias pasadas y financiaría futuras correcciones. El proyecto había quedado estancado tras un empate en la votación del Comité de Revisión, pero en marzo se reactivó y se presentó ante la Comisión. Con la aprobación de SB‑1134, el condado de León enfrenta el riesgo de perder una importante fuente de financiación para el proyecto de reparaciones históricas, lo que ha generado preocupación entre los comisionados y la comunidad local. Article source: Clarin Digital | Image credit: Clarin Digital
El 26 de abril de 2026 el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley SB‑1134, que prohíbe a los condados crear, mantener o financiar oficinas, cargos o programas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Los comisionados del condado de León, que incluye la capital Tallahassee, han expresado dudas sobre la aplicación de la norma. En octubre del año anterior aprobaron un fondo de 68.000 dólares para el Consejo sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Niña del condado. La financiación vence el 31 de diciembre, un día antes de que entre en vigor la ley SB‑1134. El Consejo, un órgano asesor que durante años ha investigado temas como la pobreza derivada de la falta de pañales y productos de higiene menstrual, podría verse obligado a suspender sus actividades si se considera que están vinculadas a DEI. El comisionado Bill Proctor, citado por el canal WTXL, calificó la ley como un “retroceso en el tiempo” y afirmó que “carece de medidas específicas sobre lo que es anti‑DEI”. Según Proctor, la normativa es demasiado amplia y obliga a las organizaciones a cambiar su lenguaje, abandonar nombres históricos y adoptar una identificación “muy aséptica e insípida”. La ley exige que las administraciones locales certifiquen que los fondos públicos no se usarán para actividades DEI, lo que afectaría al programa del condado debido al historial del Consejo. Hace unos meses, los comisionados de León debatieron una propuesta de “reparación histórica” que había sido modificada para evitar conflictos con SB‑1134. La medida, que buscaba realizar un estudio de daños históricos y recibir compensación por la esclavitud y la discriminación racial, solicitaba 16,8 millones de dólares en subvenciones estatales. En abril, la Comisión consideró enmendar la solicitud para que no infringiera la nueva ley. El fiscal del condado revisó la enmienda y eliminó referencias a reparaciones, esclavitud, inclusión, diversidad y equidad. La versión original requería que el condado realizara estudios de impacto y creara un fondo de restauración comunitaria para apoyar programas dirigidos a personas cuyos antepasados fueron esclavos o se vieron afectados por las leyes de Jim Crow y otras políticas. La enmienda a la Carta del condado, titulada Daños Históricos, identificaba injusticias pasadas y financiaría futuras correcciones. El proyecto había quedado estancado tras un empate en la votación del Comité de Revisión, pero en marzo se reactivó y se presentó ante la Comisión. Con la aprobación de SB‑1134, el condado de León enfrenta el riesgo de perder una importante fuente de financiación para el proyecto de reparaciones históricas, lo que ha generado preocupación entre los comisionados y la comunidad local.
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