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El debate público en la República Dominicana sobre la expresión «poner en 29» —utilizada coloquialmente para referirse a personas que fallecen en enfrentamientos con agentes policiales— ha puesto de relieve las tensiones entre la seguridad ciudadana, el respeto al Estado de derecho y la responsabilidad familiar. Esta discusión surge en un contexto donde la sociedad reclama mayor protección frente a la delincuencia, mientras se cuestionan los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades. De acuerdo con datos del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la República Dominicana registró 951 homicidios intencionales durante 2025, lo que representa una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes. Estas cifras subrayan la persistencia de la violencia letal como un desafío nacional. Ante este panorama, el debate se centra en la necesidad de que el Estado garantice la seguridad sin vulnerar el artículo 37 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. Un punto central en la discusión es el rol de la familia en la prevención del delito. Se ha señalado que, en ciertos casos, la justificación de conductas delictivas por parte de los padres, bajo el argumento de la solidaridad familiar, obstaculiza la formación de valores y la asunción de responsabilidades. Expertos y sectores sociales sostienen que la pobreza, aunque representa una dificultad estructural en barrios vulnerables, no debe ser utilizada como una justificación para la criminalidad. Las estadísticas oficiales respaldan la necesidad de fortalecer las oportunidades para la juventud. Según el Banco Central, la proporción de jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan disminuyó del 28.3 % en 2020 al 16.59 % en el primer trimestre de 2026. Este indicador es visto como un avance, aunque se enfatiza que las políticas públicas de empleo, educación y formación técnica deben complementarse con una labor de orientación desde el hogar. El debate también aborda la necesidad de una reforma policial integral. Se exige que la Policía Nacional actúe con profesionalismo, bajo controles estrictos y respetando los derechos fundamentales, evitando que las intervenciones se conviertan en ejecuciones extrajudiciales. La premisa es que la fortaleza de las instituciones radica en su capacidad para hacer cumplir la ley sin transgredirla. En última instancia, la discusión plantea que la solución a la inseguridad no depende exclusivamente de la acción policial, sino de un enfoque multidimensional. Esto incluye una justicia oportuna, la creación de oportunidades de desarrollo en sectores marginados y un compromiso renovado de las familias en la educación de sus hijos. La premisa fundamental es que la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un entorno seguro para la ciudadanía deben ser los ejes rectores de cualquier política de seguridad pública. Article source: El Nuevo Diario | Image credit: El Nuevo Diario
El debate público en la República Dominicana sobre la expresión «poner en 29» —utilizada coloquialmente para referirse a personas que fallecen en enfrentamientos con agentes policiales— ha puesto de relieve las tensiones entre la seguridad ciudadana, el respeto al Estado de derecho y la responsabilidad familiar. Esta discusión surge en un contexto donde la sociedad reclama mayor protección frente a la delincuencia, mientras se cuestionan los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades. De acuerdo con datos del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la República Dominicana registró 951 homicidios intencionales durante 2025, lo que representa una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes. Estas cifras subrayan la persistencia de la violencia letal como un desafío nacional. Ante este panorama, el debate se centra en la necesidad de que el Estado garantice la seguridad sin vulnerar el artículo 37 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. Un punto central en la discusión es el rol de la familia en la prevención del delito. Se ha señalado que, en ciertos casos, la justificación de conductas delictivas por parte de los padres, bajo el argumento de la solidaridad familiar, obstaculiza la formación de valores y la asunción de responsabilidades. Expertos y sectores sociales sostienen que la pobreza, aunque representa una dificultad estructural en barrios vulnerables, no debe ser utilizada como una justificación para la criminalidad. Las estadísticas oficiales respaldan la necesidad de fortalecer las oportunidades para la juventud. Según el Banco Central, la proporción de jóvenes entre 14 y 24 años que no estudian ni trabajan disminuyó del 28.3 % en 2020 al 16.59 % en el primer trimestre de 2026. Este indicador es visto como un avance, aunque se enfatiza que las políticas públicas de empleo, educación y formación técnica deben complementarse con una labor de orientación desde el hogar. El debate también aborda la necesidad de una reforma policial integral. Se exige que la Policía Nacional actúe con profesionalismo, bajo controles estrictos y respetando los derechos fundamentales, evitando que las intervenciones se conviertan en ejecuciones extrajudiciales. La premisa es que la fortaleza de las instituciones radica en su capacidad para hacer cumplir la ley sin transgredirla. En última instancia, la discusión plantea que la solución a la inseguridad no depende exclusivamente de la acción policial, sino de un enfoque multidimensional. Esto incluye una justicia oportuna, la creación de oportunidades de desarrollo en sectores marginados y un compromiso renovado de las familias en la educación de sus hijos. La premisa fundamental es que la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un entorno seguro para la ciudadanía deben ser los ejes rectores de cualquier política de seguridad pública.
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