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El acceso a energía limpia y de bajo costo sigue siendo un reto en el Perú. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 11 % del consumo final de energía del país proviene de combustibles sólidos, como leña, carbón o estiércol. En los hogares, esa cifra asciende al 42 %. El 14 % de los hogares peruanos (alrededor de 1,5 millones de familias) siguen cocinando exclusivamente con combustibles sólidos, según el Censo 2025. La brecha es mayor en las regiones más rurales: Huancavelica, Apurímac y Puno presentan entre el 30 % y el 37 % de hogares que utilizan combustibles sólidos, más del doble del promedio nacional. En contraste, Ica y Arequipa rondan el 4 %, y Lima Metropolitana y Callao apenas el 0,3 %. En cuanto al consumo energético, los hogares de Chile y Argentina utilizan más del doble de energía que los peruanos, en gran parte porque el GLP y el gas natural se emplean para calefacción y agua caliente. En las zonas con mayor brecha, la geografía accidentada y la dispersión de los hogares elevan los costos de abastecimiento, lo que exige priorizar y combinar alternativas según las necesidades de cada territorio y el menor costo posible. En áreas rurales y dispersas, los programas del Fondo de Inversión Social en Energía (FISE) –tales como Vale GLP, Bonogas y la electrificación rural– facilitan la sustitución de leña y otros sólidos por energías más limpias y eficientes. Para el desarrollo de la infraestructura de gas natural, la eficiencia debe guiar la construcción de ductos. Construir una red solo es viable si existen grandes clientes que generen escala de demanda y reduzcan los costos. En la costa sur, el Nodo Energético concentra el 30 % de la capacidad de generación térmica del país y sustenta dos proyectos autofinanciados: el Gasoducto Sur Costero (US$2,072 millones) y la concesión de distribución Sur Oeste (US$236 millones), operada por Petroperú. En la sierra sur, la propuesta de adenda de Cálidda contempla siete regiones con un proyecto autofinanciado de US$550 millones que cubriría el 16 % de los potenciales usuarios residenciales, pero solo el 4 % de la demanda industrial y el 3 % de la capacidad de generación térmica. Este proyecto plantea transporte virtual mediante camiones cisterna. Por otro lado, el Gasoducto Regional Cusco (cerca de US$600 millones) y el Sitgas (US$4,321 millones) requerirían recursos públicos para ser viables. La combinación del Gasoducto Sur Costero con los siete proyectos de la sierra sur permitiría ampliar la cobertura hacia el sur a un costo significativamente menor, considerando las condiciones geográficas y de demanda de las regiones. Esto no impide la construcción de otros ductos cuando la demanda crezca. El acceso al gas también depende de la oferta futura. Actualmente, cerca del 30 % del gas de Camisea se reinyecta, aunque la demanda interna es limitada. El desarrollo de nuevas reservas lleva años. Las reservas probadas de la Selva Centro suman 6 834 BCF, suficientes para al menos 14 años a la tasa de producción actual. El 77 % de esas reservas se encuentra en el lote 88, que abastece al mercado interno, mientras que el lote 58 contiene recursos contingentes que, si se desarrollan, podrían aumentar las reservas probadas en un 38 %. Para llevar energía limpia y segura a todas las regiones, es necesario complementar las fuentes de energía: redes y ductos de gas donde la demanda lo justifique y el apoyo de los programas del FISE donde no sea viable. Además, las autoridades deben priorizar los proyectos más costo‑efectivos y convertir el potencial gasífero en reservas, con un liderazgo y esfuerzo regulatorio e institucional similar al que hizo viable el proyecto Camisea. Article source: El Comercio | Image credit: El Comercio
El acceso a energía limpia y de bajo costo sigue siendo un reto en el Perú. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 11 % del consumo final de energía del país proviene de combustibles sólidos, como leña, carbón o estiércol. En los hogares, esa cifra asciende al 42 %. El 14 % de los hogares peruanos (alrededor de 1,5 millones de familias) siguen cocinando exclusivamente con combustibles sólidos, según el Censo 2025. La brecha es mayor en las regiones más rurales: Huancavelica, Apurímac y Puno presentan entre el 30 % y el 37 % de hogares que utilizan combustibles sólidos, más del doble del promedio nacional. En contraste, Ica y Arequipa rondan el 4 %, y Lima Metropolitana y Callao apenas el 0,3 %. En cuanto al consumo energético, los hogares de Chile y Argentina utilizan más del doble de energía que los peruanos, en gran parte porque el GLP y el gas natural se emplean para calefacción y agua caliente. En las zonas con mayor brecha, la geografía accidentada y la dispersión de los hogares elevan los costos de abastecimiento, lo que exige priorizar y combinar alternativas según las necesidades de cada territorio y el menor costo posible. En áreas rurales y dispersas, los programas del Fondo de Inversión Social en Energía (FISE) –tales como Vale GLP, Bonogas y la electrificación rural– facilitan la sustitución de leña y otros sólidos por energías más limpias y eficientes. Para el desarrollo de la infraestructura de gas natural, la eficiencia debe guiar la construcción de ductos. Construir una red solo es viable si existen grandes clientes que generen escala de demanda y reduzcan los costos. En la costa sur, el Nodo Energético concentra el 30 % de la capacidad de generación térmica del país y sustenta dos proyectos autofinanciados: el Gasoducto Sur Costero (US$2,072 millones) y la concesión de distribución Sur Oeste (US$236 millones), operada por Petroperú. En la sierra sur, la propuesta de adenda de Cálidda contempla siete regiones con un proyecto autofinanciado de US$550 millones que cubriría el 16 % de los potenciales usuarios residenciales, pero solo el 4 % de la demanda industrial y el 3 % de la capacidad de generación térmica. Este proyecto plantea transporte virtual mediante camiones cisterna. Por otro lado, el Gasoducto Regional Cusco (cerca de US$600 millones) y el Sitgas (US$4,321 millones) requerirían recursos públicos para ser viables. La combinación del Gasoducto Sur Costero con los siete proyectos de la sierra sur permitiría ampliar la cobertura hacia el sur a un costo significativamente menor, considerando las condiciones geográficas y de demanda de las regiones. Esto no impide la construcción de otros ductos cuando la demanda crezca. El acceso al gas también depende de la oferta futura. Actualmente, cerca del 30 % del gas de Camisea se reinyecta, aunque la demanda interna es limitada. El desarrollo de nuevas reservas lleva años. Las reservas probadas de la Selva Centro suman 6 834 BCF, suficientes para al menos 14 años a la tasa de producción actual. El 77 % de esas reservas se encuentra en el lote 88, que abastece al mercado interno, mientras que el lote 58 contiene recursos contingentes que, si se desarrollan, podrían aumentar las reservas probadas en un 38 %. Para llevar energía limpia y segura a todas las regiones, es necesario complementar las fuentes de energía: redes y ductos de gas donde la demanda lo justifique y el apoyo de los programas del FISE donde no sea viable. Además, las autoridades deben priorizar los proyectos más costo‑efectivos y convertir el potencial gasífero en reservas, con un liderazgo y esfuerzo regulatorio e institucional similar al que hizo viable el proyecto Camisea.
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