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El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, anunció la radicación del Proyecto del Senado 1595, una medida presentada por petición del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que busca permitir que policías estatales retirados se integren a los cuerpos municipales sin que esto implique la suspensión de sus pensiones. La propuesta, denominada “Programa VALOR”, tiene como objetivo principal atender la escasez de personal en los municipios para labores de patrullaje, atención de emergencias y vigilancia. Según Hernández Rodríguez, quien también es alcalde de Camuy, la medida permitiría aprovechar la experiencia de agentes que aún poseen la capacidad y disposición de servir, reforzando así la seguridad pública local. El programa está dirigido a pensionados del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico que se hayan retirado por edad o años de servicio y que cuenten con al menos un año fuera del servicio activo. La participación sería voluntaria tanto para el retirado como para el municipio. El proyecto excluye explícitamente a los pensionados por incapacidad y establece que los aspirantes deben aprobar evaluaciones físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos policiales, además de cumplir con requisitos de antecedentes penales y portación de armas. De acuerdo con el texto de la medida, la Policía de Puerto Rico sería responsable de certificar la elegibilidad de los aspirantes en un plazo de 60 días. Esta certificación tendría una vigencia de dos años y requeriría la convalidación de la preparación previa del agente, con la posibilidad de exigir un curso de actualización de hasta 40 horas. Bajo este esquema, los alcaldes realizarían los nombramientos mediante contratos anuales renovables. Los agentes contratados ejercerían sus funciones con rango, uniforme y placa, sujetos a la cadena de mando y a las normas de disciplina municipales. En cuanto a la remuneración, el retirado conservaría su pensión íntegra y recibiría un pago por sus servicios municipales, el cual no podría exceder la remuneración asignada al rango municipal correspondiente. El empleo podría ser a tiempo completo o parcial. El proyecto estipula que los municipios financiarían estos puestos con fondos propios o propuestas federales, sin que el nuevo servicio genere beneficios adicionales en el sistema de retiro original del agente. Asimismo, se contempla que el programa ayude a los participantes a completar sus créditos del Seguro Social, siempre que el puesto cuente con la cobertura federal necesaria. Para garantizar la transparencia y fiscalización, la medida exige que los municipios informen anualmente a la Asamblea Legislativa sobre el número de participantes, sus funciones, horas trabajadas y las fuentes de financiamiento utilizadas. El superintendente de la Policía sería el encargado de consolidar estos informes para evaluar la efectividad del programa. Article source: San Juan Daily Star | Image credit: San Juan Daily Star
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, anunció la radicación del Proyecto del Senado 1595, una medida presentada por petición del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que busca permitir que policías estatales retirados se integren a los cuerpos municipales sin que esto implique la suspensión de sus pensiones. La propuesta, denominada “Programa VALOR”, tiene como objetivo principal atender la escasez de personal en los municipios para labores de patrullaje, atención de emergencias y vigilancia. Según Hernández Rodríguez, quien también es alcalde de Camuy, la medida permitiría aprovechar la experiencia de agentes que aún poseen la capacidad y disposición de servir, reforzando así la seguridad pública local. El programa está dirigido a pensionados del sistema de rango de la Policía de Puerto Rico que se hayan retirado por edad o años de servicio y que cuenten con al menos un año fuera del servicio activo. La participación sería voluntaria tanto para el retirado como para el municipio. El proyecto excluye explícitamente a los pensionados por incapacidad y establece que los aspirantes deben aprobar evaluaciones físicas, mentales, psicológicas y de conocimientos policiales, además de cumplir con requisitos de antecedentes penales y portación de armas. De acuerdo con el texto de la medida, la Policía de Puerto Rico sería responsable de certificar la elegibilidad de los aspirantes en un plazo de 60 días. Esta certificación tendría una vigencia de dos años y requeriría la convalidación de la preparación previa del agente, con la posibilidad de exigir un curso de actualización de hasta 40 horas. Bajo este esquema, los alcaldes realizarían los nombramientos mediante contratos anuales renovables. Los agentes contratados ejercerían sus funciones con rango, uniforme y placa, sujetos a la cadena de mando y a las normas de disciplina municipales. En cuanto a la remuneración, el retirado conservaría su pensión íntegra y recibiría un pago por sus servicios municipales, el cual no podría exceder la remuneración asignada al rango municipal correspondiente. El empleo podría ser a tiempo completo o parcial. El proyecto estipula que los municipios financiarían estos puestos con fondos propios o propuestas federales, sin que el nuevo servicio genere beneficios adicionales en el sistema de retiro original del agente. Asimismo, se contempla que el programa ayude a los participantes a completar sus créditos del Seguro Social, siempre que el puesto cuente con la cobertura federal necesaria. Para garantizar la transparencia y fiscalización, la medida exige que los municipios informen anualmente a la Asamblea Legislativa sobre el número de participantes, sus funciones, horas trabajadas y las fuentes de financiamiento utilizadas. El superintendente de la Policía sería el encargado de consolidar estos informes para evaluar la efectividad del programa.
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