Una jueza federal del Distrito Norte de California, Trina Thompson, emitió el viernes una orden de restricción temporal que prohíbe al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional presionar a los funcionarios electorales en relación con el procesamiento de papeletas. La medida judicial surge en respuesta a una demanda presentada por sindicatos y organizaciones de derechos civiles contra el Departamento de Justicia. La orden establece explícitamente que los demandados no deben “amenazar, intimidar ni coaccionar a funcionarios ni trabajadores electorales estatales o locales para exigir que detengan el procesamiento de las papeletas de cualquier votante registrado únicamente sobre la base de que la papeleta pertenece a una persona que los demandados alegan que no tiene derecho a votar”. Esta decisión representa un obstáculo para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump, que ha buscado restringir el voto de personas que, según sus alegaciones, podrían no ser ciudadanos estadounidenses de cara a las elecciones del 3 de noviembre. La orden de la jueza Thompson se suma a otra resolución judicial emitida el miércoles, en la que un juez federal rechazó una solicitud del gobierno para obligar al estado de California a suspender el escrutinio de 20.000 papeletas de personas señaladas por las autoridades federales como extranjeros. En el contexto de las próximas elecciones legislativas, donde el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso, diversos críticos han señalado que estas acciones gubernamentales tienen como objetivo sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral.
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