El Gobierno ha promulgado un nuevo decreto supremo que establece un marco normativo para regular la disciplina y la convivencia en las instituciones educativas de Educación Básica, tanto públicas como privadas. La medida, firmada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, busca definir procedimientos claros para abordar conductas que afecten el entorno escolar y fortalecer la autoridad docente como guía del proceso de aprendizaje. La normativa clasifica las infracciones escolares en graves y muy graves, estableciendo las responsabilidades de directores, profesores y padres de familia. Entre las faltas graves se incluyen las agresiones físicas sin lesiones, el maltrato psicológico, amenazas, humillaciones, la difusión de información privada sin consentimiento, el uso no autorizado de dispositivos electrónicos, la reincidencia en faltas leves, las tardanzas frecuentes y la incitación a retos peligrosos. Por su parte, las faltas muy graves comprenden el acoso escolar (bullying) y ciberbullying, violencia o acoso sexual, discriminación, extorsión, cobro de cupos, posesión o venta de drogas, tenencia de armas, fabricación de explosivos, robo, falsificación de documentos y la suplantación de identidad. El régimen disciplinario contempla sanciones proporcionales a la falta, que incluyen llamadas de atención verbal, reparación del daño, restricción de actividades recreativas, suspensión temporal, matrícula condicional y la expulsión definitiva. Esta última medida podrá aplicarse ante faltas muy graves o tras la acumulación de tres suspensiones en un mismo año académico. En caso de expulsión, el director deberá notificar a los padres y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), la cual deberá asegurar que el estudiante sea reubicado en otra institución pública. El decreto también regula la presentación personal. En los colegios públicos, se establecen restricciones específicas sobre el uso de maquillaje, accesorios, tatuajes y el estilo de cabello, mientras que en las instituciones privadas estas condiciones deberán ser detalladas en sus reglamentos internos. La normativa prohíbe explícitamente cualquier forma de castigo físico, trato denigrante, insultos o la privación de necesidades básicas como alimentación, agua, servicios higiénicos o atención médica. Asimismo, se establece que, ante la presunción de delitos, el personal educativo tiene la obligación de informar inmediatamente a la Policía Nacional o al Ministerio Público. El proceso disciplinario garantiza el derecho del estudiante a ser escuchado y exige una comunicación formal a los padres o representantes legales. La firma del decreto se llevó a cabo en el colegio Alfonso Ugarte, con la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang, la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y representantes de la comunidad educativa.
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