El primer balance mundial de los compromisos sobre biodiversidad, publicado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), revela una brecha preocupante entre la formulación de metas y su implementación. En 2022, casi 200 países adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming‑Montreal con el objetivo de detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030. Cuatro años después, el informe indica que el ritmo de ejecución es insuficiente. Si bien el 83 % de las partes ha establecido metas nacionales alineadas con el acuerdo, menos de la mitad de los países que presentaron informes consideran que sus objetivos vinculados a cualquiera de las 23 metas globales están encaminados. Ningún país muestra un panorama plenamente positivo. El documento señala que la capacidad de negociar acuerdos no se ha traducido en resultados concretos. El mayor rezago se concentra en las causas estructurales de la degradación ambiental. Se observan avances en conservación y restauración, pero persisten dificultades para incorporar la naturaleza en las decisiones económicas, cambiar patrones insostenibles de producción y consumo y reformar incentivos perjudiciales. Mientras algunas instituciones financian la conservación, otras políticas pueden estimular actividades que degradan ecosistemas. La expansión productiva mal planificada, ciertos proyectos de infraestructura y los incentivos fiscales inadecuados pueden contrarrestar los avances ambientales. Por ello, la biodiversidad debe ser responsabilidad también de Hacienda, Agricultura, Economía, Obras Públicas y Comercio. Sin integrar sus objetivos en la planificación económica, los compromisos seguirán enfrentando obstáculos estructurales. ### Financiamiento y prioridades El balance advierte que probablemente no se cumplirá la meta intermedia de movilizar 20 000 millones de dólares anuales de financiamiento internacional para biodiversidad en 2025, aunque faltan datos para confirmarlo. El desafío va más allá de la cooperación internacional: los presupuestos nacionales son indispensables; la inversión privada y la cooperación deben complementarlos, no sustituir las obligaciones del Estado. Resulta contradictorio financiar la restauración mientras se mantienen incentivos que favorecen la degradación. La biodiversidad debe ocupar un lugar explícito en las decisiones fiscales y presupuestarias, no depender de recursos sobrantes. ### Costa Rica: más allá de la reputación verde Costa Rica cuenta con avances reconocidos en áreas protegidas, recuperación forestal y pagos por servicios ambientales. Sin embargo, su trayectoria no garantiza que todas las presiones sobre la biodiversidad estén controladas. El país debe evaluar no solo la superficie protegida, sino también la salud de los ecosistemas, la conectividad ecológica, la calidad de los recursos hídricos, las amenazas a la biodiversidad marina y la efectividad de sus políticas. También debe examinar si las instituciones cuentan con personal, presupuesto y capacidad de fiscalización suficientes. El liderazgo ambiental exige resultados verificables, no únicamente indicadores de cobertura o reconocimiento internacional. Los logros históricos deben servir para acelerar las decisiones pendientes, no para postergarlas. ### Vacíos en la información Ningún país presentó información sobre todos los indicadores de cabecera del Marco de Kunming‑Montreal. Estos vacíos dificultan evaluar el cumplimiento de las metas y distinguir actividades ejecutadas de mejoras reales en la naturaleza. Contar proyectos, presupuestos gastados o hectáreas intervenidas no demuestra, por sí solo, recuperación ecológica. Se necesitan sistemas permanentes de monitoreo, datos comparables, evaluaciones independientes y rendición de cuentas transparente. ### Urgencia de acelerar la implementación El informe mundial reconoce que todavía existen oportunidades para alcanzar las metas de 2030, pero subraya la necesidad de acelerar significativamente la implementación. Esto exige fortalecer los presupuestos ambientales, mejorar la coordinación entre instituciones, eliminar progresivamente incentivos perjudiciales, involucrar de manera efectiva a los sectores productivos y establecer sistemas confiables de seguimiento. Para Costa Rica, también significa convertir los compromisos internacionales en prioridades concretas de política pública, con responsabilidades institucionales, recursos y resultados verificables. La conservación de la biodiversidad no puede depender de ciclos electorales ni quedar subordinada a decisiones presupuestarias de corto plazo. El país necesita una política de Estado que reconozca que la naturaleza constituye una base esencial de su economía, su bienestar social y su capacidad para enfrentar el cambio climático. En 2030, la pregunta no será cuántas metas aprobamos, sino cuántas logramos cumplir y cuánta biodiversidad conseguimos conservar y recuperar. *Lenin Corrales Chaves, analista ambiental y ex presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica,
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