El dirigente político y comunicador Luis Alberto Peláez publicó una reflexión sobre la cultura de la corrupción y la complicidad ciudadana, cuestionando la justificación social del comportamiento ilícito de funcionarios públicos bajo el argumento de que «roban, pero resuelven». Peláez sostiene que la corrupción no se limita a la malversación de fondos, sino que se nutre de una sociedad que, en ocasiones, valida el abuso de poder a cambio de favores personales, empleos o asistencia. Según el autor, esta actitud permite que funcionarios cuestionados mantengan su influencia y permanezcan en sus cargos, creando un ciclo de impunidad que trasciende la responsabilidad individual del infractor. El artículo enfatiza la existencia de un doble rasero en la política, donde la indignación ciudadana y partidista varía según la afiliación política del señalado. Peláez critica que, ante denuncias de corrupción, se exija justicia inmediata cuando el acusado es un adversario, mientras que se recurre a la defensa, la justificación o el descrédito del denunciante cuando el implicado pertenece al propio círculo político. El dirigente subraya que la presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales, pero advierte que estos no deben utilizarse como escudos para impedir investigaciones o para etiquetar como «persecución política» cualquier cuestionamiento sobre el manejo de fondos públicos. Asimismo, señala que la responsabilidad no recae únicamente en quien comete el acto, sino también en los superiores que, teniendo la autoridad para supervisar y corregir, optan por ignorar las irregularidades o proteger a funcionarios cuestionados. Peláez argumenta que el costo de la corrupción lo asume la población más vulnerable, a través de obras inconclusas, falta de medicamentos y la malversación de recursos que deberían garantizar servicios públicos básicos. En este sentido, sostiene que el uso de fondos públicos para comprar lealtades o gratitud es un abuso adicional que perpetúa el sistema. Finalmente, el autor rechaza la idea de que «todos los políticos son iguales», calificándola como una excusa para evitar la rendición de cuentas. Peláez concluye que la verdadera integridad política se demuestra cuando los dirigentes están dispuestos a exigir responsabilidades a sus propios compañeros de partido, incluso si estos poseen influencia o respaldo electoral, y sostiene que la lucha contra la corrupción pierde credibilidad si no se aplica con el mismo rigor a los aliados que a los opositores.
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