La Corte Plena de Costa Rica inició este lunes el proceso de elección para su nueva presidencia, con cuatro magistrados postulados para el cargo: Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte y magistrada de la Sala I; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III); y los magistrados de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Patricia Vargas González. El proceso, dirigido por el magistrado Orlando Aguirre, incluyó una sesión de preguntas y respuestas donde los aspirantes abordaron temas críticos para el Poder Judicial, como la equidad de género, la independencia institucional, el rezago judicial y la responsabilidad de los supremos poderes. En cuanto a la equidad de género, el magistrado Paul Rueda cuestionó a los candidatos sobre la importancia de que una mujer asuma la presidencia, dado que los cuatro órganos del Poder Judicial están actualmente encabezados por hombres. Patricia Solano enfatizó que, en 200 años de historia, solo una mujer ha ocupado el cargo, argumentando que el compromiso con la equidad debe reflejarse en hechos. Patricia Vargas coincidió en que la representación femenina disminuye en los niveles jerárquicos superiores y que las mujeres enfrentan mayores dificultades para ascender. Por su parte, Damaris Vargas destacó la lucha histórica por la igualdad, aunque cuestionó si la pregunta podría interpretarse como un adelanto de criterio. Sobre la relación con el Poder Ejecutivo, el magistrado Fernando Cruz consultó sobre el alcance del artículo 149 de la Constitución Política, referente a la responsabilidad de los jerarcas del Gobierno cuando entorpecen las funciones judiciales. Los candidatos coincidieron en que la norma establece responsabilidades políticas y, en ciertos casos, civiles o penales, aunque difirieron en la interpretación de su aplicación práctica ante las actuales tensiones presupuestarias. Otro punto de debate fue el juzgamiento penal de los miembros de los supremos poderes. Los cuatro aspirantes se mostraron a favor de reformar el modelo actual para que estos casos sean conocidos por tribunales ordinarios en lugar de la Corte Plena. Patricia Solano y Patricia Vargas señalaron que esta iniciativa ya ha sido discutida anteriormente y debería retomarse mediante reformas al Código Procesal Penal, mientras que Damaris Vargas advirtió que el cambio requeriría una reforma constitucional. Respecto a la confianza ciudadana y la eficiencia, los candidatos propusieron diversas estrategias. Gerardo Rubén Alfaro abogó por mejorar la comunicación institucional y la agilidad en la tramitación de expedientes. Patricia Solano sugirió implementar herramientas como una agenda electrónica nacional para reducir la mora judicial. Damaris Vargas y Patricia Vargas destacaron el uso de la inteligencia artificial y la modernización de la gestión como pilares para optimizar los recursos ante los recortes presupuestarios. La magistrada Patricia Vargas presentó formalmente su plan de trabajo, estructurado en nueve ejes que incluyen la defensa de la independencia judicial, la modernización tecnológica, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza institucional. El proceso de votación se mantiene en desarrollo y podría extenderse durante los próximos días.