El día 31 de octubre, el World Cities Day, la organización política Fuerza del Pueblo (FP) presentó una propuesta de desarrollo urbano para la República Dominicana. La propuesta, incluida en una declaración conjunta firmada por los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Paíno Abreu) y de Urbanismo y Vivienda (Pedro Pablo Díaz), junto con el vicesecretario de Ordenamiento Territorial (Valentín Cordero), plantea un nuevo modelo de planificación territorial basado en la vivienda digna, la protección ambiental y la participación ciudadana. Según la declaración, el crecimiento desordenado de las ciudades, la especulación sobre el suelo y la falta de políticas integrales de vivienda agravan las desigualdades sociales y territoriales. FP señala que miles de familias viven en condiciones de precariedad y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales como agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y transporte, lo que aumenta su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. La propuesta de FP incluye la creación de un “pacto urbano y territorial” que se centre en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Entre las medidas propuestas se encuentran: Recuperación de barrios y mejora de asentamientos informales, garantizando la seguridad de la tenencia de las viviendas, el acceso a servicios básicos y la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre sus territorios. Desarrollo de sistemas integrados de transporte público, infraestructuras para peatones y ciclistas, y ampliación de la conectividad digital para mejorar la movilidad y reducir las emisiones contaminantes. Preservación y ampliación de áreas verdes y espacios públicos, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas urbanos, y construcción de infraestructuras resilientes frente a los riesgos del cambio climático. Asunción de un papel activo por parte del Estado en la regulación y planificación del desarrollo urbano, con el principio de que “la vivienda es un derecho humano y no una mercancía”. Inclusión de medidas para reducir la pobreza estructural y garantizar la participación de mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las políticas de desarrollo territorial. Fortalecimiento de la participación ciudadana y apertura de un debate nacional sobre el modelo de ciudades que necesita el país, con énfasis en la calidad de vida, la reducción de desigualdades y la preservación de recursos naturales. La declaración concluye llamando a la sociedad y al gobierno a fortalecer la participación ciudadana y a debatir a nivel nacional el modelo de ciudades que debe adoptar la República Dominicana.
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