EE.UU. exige «tolerancia cero» a Guatemala tras una fiesta «narcoquinceañera» de «lujo»

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala exigió este viernes «tolerancia cero» frente al narcotráfico, tras la polémica celebración de una fiesta de quince años organizada por la alcaldesa del municipio de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid. A través de sus canales oficiales, la misión diplomática cuestionó la ostentación del evento, realizado el pasado 24 de octubre en un hotel del departamento de Chiquimula. La celebración, que incluyó elementos de lujo como vestidos de diseñador, una limusina Hummer y carrozas de caballos, generó indignación pública. «Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una ‘narcoquinceañera’ de lujo valorada en millones», señaló la embajada. La sede diplomática subrayó que los «narcopolíticos» no deben tener cabida en la función pública ni influir en los procesos democráticos del país, instando a la ciudadanía a exigir transparencia de cara a las elecciones de 2027. La embajada vinculó a la funcionaria con el crimen organizado al recordar los antecedentes de su círculo familiar. Su esposo, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, conocido como «el Gordo» y exconcejal de Zacapa, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023. Tras declararse culpable de traficar 450 kilos de cocaína, fue sentenciado a 90 meses de prisión en octubre de ese mismo año, aunque recuperó su libertad en 2024. Asimismo, la legación estadounidense hizo referencia a Haroldo Waldemar Lorenzana Terrazas, alias «Haroldito», cuñado de la alcaldesa, quien permanece prófugo de la justicia. Lorenzana es requerido por Estados Unidos bajo acusaciones de liderar un clan de narcotraficantes y de estar vinculado a actos de violencia en la región de Zacapa. Guatemala es considerada por expertos como un punto estratégico para el tránsito de drogas provenientes de Sudamérica con destino a Estados Unidos. Ante este contexto, la embajada enfatizó que la vigilancia sobre la integridad de los funcionarios debe extenderse a todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el presidencial.

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