El Gobierno de Canadá expresó este viernes su preocupación por la inscripción de candidatos electorales en Haití que están sujetos a sanciones internacionales por haber contribuido a la violencia, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos o la desestabilización del país. La declaración, difundida por la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe, advirtió que “estas candidaturas corren el riesgo de socavar la confianza del público en el proceso electoral y de comprometer el objetivo de restablecer una gobernanza legítima, responsable y democrática”. El comunicado añadió que “quienes son objeto de sanciones internacionales por haber alimentado la violencia, la corrupción o las violaciones de los derechos humanos no deberían comprometer el futuro democrático de Haití”. El Consejo Electoral Provisional (CEP) había pospuesto el primer turno de las elecciones presidenciales y legislativas, originalmente previstas para el 13 de diciembre, al 18 de julio de 2027, citando la violencia y la crisis institucional del país. A pesar de la aplazamiento, el registro de candidatos sigue abierto. Hace una semana, el expresidente Michel Joseph Martelly (2011‑2016) se inscribió como candidato; Martelly está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos vínculos con el narcotráfico y grupos armados, y otros aspirantes con antecedentes judiciales también se han registrado. Canadá subrayó la “legitimidad” de las sanciones internacionales contra personas implicadas en complicidad con redes criminales y bandas armadas, corrupción, tráfico ilícito, blanqueo de capitales y violaciones de los derechos humanos, actos que comprometen la paz, la seguridad y la estabilidad institucional de Haití. “Mientras continúan los preparativos del proceso electoral es esencial mantener los más altos estándares de integridad y transparencia a fin de preservar la confianza del público”, continuó la declaración. El Gobierno canadiense instó a las autoridades haitianas, incluido el CEP, a garantizar que el proceso electoral se desarrolle en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, y animó a los actores políticos a demostrar su compromiso con los principios democráticos.
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